El Gobierno de España sigue adelante con la tramitación parlamentaria de la reforma educativa con la que pretende arrinconar y atacar la educación concertada, opción elegida por cientos de miles de padres en España, y del que un porcentaje importante de centros son católicos.
Ante esta ofensiva del Ejecutivo socialista, asociaciones que agrupan
a centros de educación concertada, padres y sindicatos de profesores se
han unido para defender un modelo con una gran demanda social. CECE,
Cofapa, Concapa, Escuelas Católicas, USO o FSIE, son algunos de los
firmantes de un decálogo que ofrece "10 razones para rechazar el cambio de la legislación educativa española que nos quieren imponer".
Estos son los 10 puntos:
1. Se escuda en una urgencia educativa que no existe
Los aspectos más controvertidos de la LOMCE no se están aplicando y
realmente responde a un interés político e ideológico partidista.
2. Carece del más mínimo consenso
Esto es fundamental para dar estabilidad al sistema educativo
español; los mismos que criticaron la LOMCE por impositiva y abandonaron
la Subcomisión parlamentaria del Pacto Educativo proponen ahora una nueva ley sin consenso ni participación.
3. Asfixia el derecho a la libertad de enseñanza
Omite cualquier referencia a la misma pese a ser un pilar del artículo 27 de la Constitución, que dice textualmente que “se reconoce la libertad de enseñanza”.
Además, los artículos 27.5 y 27.6 establecen que “los poderes públicos
garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los
sectores afectados y la creación de centros docentes (27.5)” y que “se
reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de
centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”.
4. Restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos
Elimina el concepto de ‘demanda social’ como criterio al tener
en cuenta la programación y al suprimir la referencia a los padres como
principales responsables de la educación de sus hijos.
5. Relega a la enseñanza concertada a un papel secundario
Sin embargo, la legislación española y la europea, así como diversos pronunciamientos judiciales, reconocen su carácter complementario y por tanto en el mismo nivel que la pública.
6. No incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros concertados.
De hecho, incluso perjudica a los trabajadores de dichos centros al eliminar como criterio prioritario en la admisión de alumnos que el padre o la madre del niño trabaje en el centro.
7. Conculca el derecho a la dirección de centro
Incluye la figura del representante del ayuntamiento en el consejo escolar de los centros como una especie de ‘comisario político’ que puede cuestionar el proyecto educativo por el que ha sido elegido cada centro.
8. Suprime las referencias a la asignatura de Religión
Esto se da en la regulación de distintas enseñanzas (Primaria, ESO y Bachillerato), remitiendo el cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado a una posterior e incierta normativa reglamentaria.
9. Omite las necesarias previsiones económicas
Esto es fundamental para hacer frente al coste real del puesto escolar, de manera que su financiación se equipare con la de los centros públicos.
10. Adopta algunas medidas académicas dudosas
Se proclama la importancia de la importancia de la evaluación pero se reducen los requisitos para promocionar
(en Bachillerato se podrá titular con una asignatura suspensa) y se
limita o se oculta el conocimiento de las pruebas de diagnóstico.
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