Una vez constituido el Congreso de los Diputados en España, se observa que el número de hijos de los 350 diputados son 277, con lo que resulta un índice de 0,8 hijos por cada diputado, cuando la media española en 2014 fue de 1,3 y la tasa de natalidad necesaria para el relevo generacional es de 2,1.Estos son datos recogidos por The Family Watch, Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, y con elaboración propia, a través de los datos reseñados oficialmente en la web del Congreso de los Diputados. Se trata por lo tanto de hijos declarados. Por ejemplo, ni Alicia Sánchez-Camacho (PP) ni Carmen Chacón (PSOE) dan información del hijo que tiene cada una. El partido con más hijos por diputado es Democràcia i Llibertat, los independentistas catalanes sustitutos de Convergència i Unió, con 1,26 hijos por diputado. Le sigue el Partido popular con 1,24 hijos por diputado. El PNV tiene 1,1 hijos por diputado y Coalición Canaria 1,0.
Los demás partidos están por debajo de la unidad: Ciudadanos, 0,65; PSOE 0,64; Podemos, 0,23; Compromís (valencianos de Podemos), 0,3; En Comú, Podem (catalanes de Podemos), 0,16; En Marea (gallegos de Podemos), 0,16, mientras que los cuatro diputados de Izquierda Unida y Bildu, de extrema izquierda y cercanos a la banda terrorista vasca de ETA respectivamente, no tienen hijos.
Los dos diputados que tienen más hijos, seis cada uno, son precisamente dos mujeres del Partido Popular, Carmen Álvarez-Arenas, y la catalana afincada en Madrid María Teresa Carbó, cuyos hijos superan los 30 años de edad.
Políticas familiares
Estos datos invitan a buscar cuáles son las políticas familiares que los distintos partidos han ofrecido a sus electores en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Y evidentemente se muestra que los partidos no tienen interés en ofrecer ayuda y protección a las familias. Prefieren la ayuda y protección a los ciudadanos, a los individuos. La mayoría de partidos propone mejorar la red de guarderías infantiles, especialmente de cero a tres años, para favorecer el trabajo de las madres, o incrementar el tempo de baja laboral por paternidad a los padres. Salvo Ciudadanos, ningún otro partido propone incrementar la baja maternal, que en España es de 16 semanas.
Con una natalidad baja, como se ha visto antes, lejos de alcanzar el recambio generacional, nadie ofrece ayudas o incentivos para mejorar esa natalidad, la cual es uno de los problemas más serios de la sociedad española, a pesar de que públicamente se reconoce y se afirma que no están garantizadas las pensiones, toda clase de pensiones, en el futuro. Actualmente en España hay 2,1 asalariados por cada pensionista.
La población ocupada es de 18 millones de personas. El número de pensionistas se eleva a 8,5 millones que perciben un total de 9,3 millones de pensiones, siendo Cataluña la comunidad con un mayor número de pensiones (1,6 millones), y la que tiene las pensiones más altas, a excepción de las provincias con régimen foral histórico (País Vasco y Navarra).
Por otro lado, la baja natalidad no auspicia tampoco muchas alegrías a las prestaciones sociales de diverso tipo (sanidad, enseñanza, ayudas por desempleo, ayudas a los disminuidos, discapacitados o muy dependientes, financiar planes contra la pobreza, y un largo etcétera). Todas estas prestaciones dependen totalmente de los ingresos que tiene el Estado, y de modo particular de los ingresos de la Seguridad Social, mermados estos a causa del gran paro (superior al 21 por ciento de la población activa) registrado en la sociedad española.
La familia ha representado, en las crisis económicas sucesivas, el gran colchón en que se ha apoyado la sociedad para evitar que la crisis tuviera efectos más devastadores a nivel individual, familiar y colectivo. Cuando falla la familia, cuando la familia deja de tener importancia como institución social básica, fallan muchas más cosas y los ciudadanos, (los individuos) aparecen más desamparados y más dependientes de las ayudas públicas.
La sociedad está huérfana de instituciones donde las personas puedan realizarse como tales de manera más plena y más digna. En realidad, la familia es una institución, un valor, insustituible en la sociedad, y es la que da un real bienestar a las personas.
Por eso es una mala noticia que los diputados en el Congreso no tengan hijos, o tengan familias desestructuradas, o los partidos políticos tengan deficientes o nulas políticas familiares. El grado de felicidad de una sociedad se evalúa en gran medida por la solidez y felicidad de las familias, de todas y cada una de las familias, donde al ser humano se le quiere tal como es y no por lo que tiene, o por los impuestos que paga.
Los dos diputados que tienen más hijos, seis cada uno, son precisamente dos mujeres del Partido Popular, Carmen Álvarez-Arenas, y la catalana afincada en Madrid María Teresa Carbó, cuyos hijos superan los 30 años de edad.
Políticas familiares
Estos datos invitan a buscar cuáles son las políticas familiares que los distintos partidos han ofrecido a sus electores en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Y evidentemente se muestra que los partidos no tienen interés en ofrecer ayuda y protección a las familias. Prefieren la ayuda y protección a los ciudadanos, a los individuos. La mayoría de partidos propone mejorar la red de guarderías infantiles, especialmente de cero a tres años, para favorecer el trabajo de las madres, o incrementar el tempo de baja laboral por paternidad a los padres. Salvo Ciudadanos, ningún otro partido propone incrementar la baja maternal, que en España es de 16 semanas.
Con una natalidad baja, como se ha visto antes, lejos de alcanzar el recambio generacional, nadie ofrece ayudas o incentivos para mejorar esa natalidad, la cual es uno de los problemas más serios de la sociedad española, a pesar de que públicamente se reconoce y se afirma que no están garantizadas las pensiones, toda clase de pensiones, en el futuro. Actualmente en España hay 2,1 asalariados por cada pensionista.
La población ocupada es de 18 millones de personas. El número de pensionistas se eleva a 8,5 millones que perciben un total de 9,3 millones de pensiones, siendo Cataluña la comunidad con un mayor número de pensiones (1,6 millones), y la que tiene las pensiones más altas, a excepción de las provincias con régimen foral histórico (País Vasco y Navarra).
Por otro lado, la baja natalidad no auspicia tampoco muchas alegrías a las prestaciones sociales de diverso tipo (sanidad, enseñanza, ayudas por desempleo, ayudas a los disminuidos, discapacitados o muy dependientes, financiar planes contra la pobreza, y un largo etcétera). Todas estas prestaciones dependen totalmente de los ingresos que tiene el Estado, y de modo particular de los ingresos de la Seguridad Social, mermados estos a causa del gran paro (superior al 21 por ciento de la población activa) registrado en la sociedad española.
La familia ha representado, en las crisis económicas sucesivas, el gran colchón en que se ha apoyado la sociedad para evitar que la crisis tuviera efectos más devastadores a nivel individual, familiar y colectivo. Cuando falla la familia, cuando la familia deja de tener importancia como institución social básica, fallan muchas más cosas y los ciudadanos, (los individuos) aparecen más desamparados y más dependientes de las ayudas públicas.
La sociedad está huérfana de instituciones donde las personas puedan realizarse como tales de manera más plena y más digna. En realidad, la familia es una institución, un valor, insustituible en la sociedad, y es la que da un real bienestar a las personas.
Por eso es una mala noticia que los diputados en el Congreso no tengan hijos, o tengan familias desestructuradas, o los partidos políticos tengan deficientes o nulas políticas familiares. El grado de felicidad de una sociedad se evalúa en gran medida por la solidez y felicidad de las familias, de todas y cada una de las familias, donde al ser humano se le quiere tal como es y no por lo que tiene, o por los impuestos que paga.
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