El Papa Francisco acoge en el Vaticano a casi 200 asistentes que participan en la cumbre contra los abusos a menores. Durante
3 días les va a pedir creatividad y dinamismo, capacidad de tomar
decisiones y perfilar ideas para proteger menor a los menores. Para
eso cuenta con la presencia de 114 presidentes de conferencias
episcopales de todo el mundo, 14 líderes de las iglesias católicas
orientales, 12 superiores de órdenes religiosas masculinas y 10
superioras de órdenes religiosas femeninas, junto con diversos expertos y
asesores.
Pero el debate no parte de cero: nada más llegar, a cada asistente se le ha entregado una lista de 21 ideas
que podrían servir para proteger mejor a los menores de edad. Algunas
se aplican ya en varios países y diócesis. Otras puede que sean
difíciles de trasladar a ciertas culturas. La Iglesia está presente en
todo el mundo, en culturas y países muy variados, y no todo es siempre
aplicable.
El Papa explicó al iniciarse los trabajos este jueves 21 de febrero que estos 21 puntos fueron formulados por distintas Conferencias Episcopales como una preparación para el encuentro. “Es un simple punto de partida que viene de ustedes y regresa a ustedes, y que no quita la creatividad que debe haber en este encuentro”, dijo el Pontífice.
Estos son los 21 "puntos de reflexión" que las diócesis y congregaciones religiosas pueden estudiar para aplicar.
1. Elaborar un vademécum práctico en el que se especifiquen los pasos a seguir por la autoridad en todos los momentos claves de la emergencia de un caso.
2. Establecer instalaciones de escucha, con personas preparadas y expertas, donde se realice un primer discernimiento de los casos de las presuntas víctimas.
3. Establecer criterios para la participación directa del obispo o del superior religioso.
4. Implementar procedimientos compartidos para el examen de las
acusaciones, la protección de las víctimas y el derecho de defensa de
los acusados.
5. Informar a las autoridades civiles y a las autoridades
eclesiásticas superiores de acuerdo con las normas civiles y canónicas.
6. Realizar una revisión periódica de los protocolos y de las
normas para salvaguardar un ambiente protegido para los menores en todas
las estructuras pastorales; protocolos y normas basados en los
principios de la justicia y de la caridad y que deben integrarse para
que la acción de la Iglesia en este campo también sea conforme a su
misión.
7. Establecer protocolos específicos para la gestión de las acusaciones contra los obispos.
8. Acompañar, proteger y cuidar a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo necesario para su completa recuperación.
9. Incrementar la conciencia de las causas y de las consecuencias de
los abusos sexuales a través de iniciativas de formación permanente de
obispos, superiores religiosos, clérigos y agentes pastorales.
10. Preparar caminos para el cuidado pastoral de las comunidades heridas por los abusos, así como itinerarios penitenciales y de recuperación para los culpables.
11. Consolidar la colaboración con todas las personas de buena
voluntad y con los operadores de los medios de comunicación para poder
reconocer y discernir los casos verdaderos de aquellos falsos, las
acusaciones de calumnias, evitando rencores e insinuaciones, habladurías
y difamaciones (cf. Discurso a la Curia Romana, 21 de diciembre de
2018).
12. Elevar la edad mínima [canónica] para contraer matrimonio a 16 años.
13. Establecer disposiciones que regulen y faciliten la participación
de expertos laicos en las investigaciones y en los diferentes grados de
juicio de los procesos canónicos concernientes a los abusos sexuales
y/o de poder.
14. El derecho a la defensa: es necesario salvaguardar el principio de derecho natural y canónico de la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad del acusado. Por lo tanto, es necesario evitar que sean publicadas las listas de los acusados, incluso por parte de las diócesis, antes de la investigación previa y la condena definitiva.
15. Observar el tradicional principio de la proporcionalidad de la pena
con respecto al delito cometido. Deliberar que los sacerdotes y obispos
culpables de abuso sexual de menores abandonen el ministerio público.
16. Introducir reglas concernientes a los seminaristas y candidatos
al sacerdocio o a la vida religiosa. Para ellos introducir programas de formación inicial y permanente para consolidar su madurez humana, espiritual y psicosexual, así como sus relaciones interpersonales y su comportamiento.
17. Efectuar para los candidatos al sacerdocio y a la vida
consagrada, una evaluación psicológica realizada por expertos
cualificados y acreditados.
18. Indicar las normas que rigen el traslado de un seminarista o aspirante religioso de un seminario a otro; así como de un sacerdote o religioso de una diócesis o congregación a otra.
19. Formular códigos de conducta obligatorios para todos los
clérigos, los religiosos, el personal de servicio y los voluntarios para
delinear los límites apropiados en las relaciones personales. Especificar los requisitos necesarios para el personal y los voluntarios, y verificar sus antecedentes penales.
20. Ilustrar toda la información y datos sobre los peligros del abuso y sus efectos, cómo reconocer los signos de abuso y cómo denunciar las sospechas de abuso sexual. Todo esto debería hacerse en colaboración con los padres, los profesores, los profesionales y las autoridades civiles.
21. Es necesario que se instituya, allí donde aún no se ha hecho, un órgano de fácil acceso para las víctimas que deseen denunciar eventuales delitos.
Un organismo que goce de autonomía incluso con respecto a la autoridad
eclesiástica local y compuesto por personas expertas (clérigos y
laicos), que sepan expresar la atención de la Iglesia a aquellos que, en
este campo, se consideran ofendidos por actitudes inadecuadas por parte
de los clérigos.
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