Luis Argüello ha sido recientemente elegido por los obispos
españoles como secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal
Española. Su nombramiento coincide con un momento delicado en la
Iglesia en casi todos los ámbitos. En España, se enfrenta a los ataques
de un gobierno de corte laicista que quiere expropiar templos y acabar, o
al menos arrinconar, la asignatura de Religión. Por otro lado, están
los escándalos por los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de
la Iglesia.
Precisamente, este lunes se reúne con la ministra de Educación, Isabel Celaá,
donde mostrará la preocupación de los obispos y de los católicos en
general ante la reforma educativa que pretende liderar el gobierno
socialista.
Sobre todos estos asuntos hace un repaso el que es también obispo auxiliar de Valladolid en esta entrevista con Laura Daniele y Montse Serrador en el diario ABC:
-El Gobierno acorrala a la educación católica.
Su reforma de la Lomce deja a la asignatura de Religión sin su
alternativa y anula la posibilidad de crear nuevos centros concertados
católicos aunque exista «demanda social», ¿qué espera usted de la
reunión con la ministra Celaá este lunes?
- Esperamos poder dialogar de estas cosas y poder dialogar
precisamente de la preocupación que sentimos la comunidad educativa
católica y la Iglesia sobre la educación en general. Pero es verdad que
la reforma anunciada pone especial acento en la clase de Religión y en
la escuela concertada. Sobre el criterio de la «demanda social» nos
parece un criterio bastante democrático, ya que es la propia sociedad la
que puede demandar que haya un nuevo colegio o que se abran nuevas
líneas. La reforma además propone una presencia de las
administraciones públicas en el consejo escolar. Esa presencia es
legítima en la inspección de los concertada para verificar que cumpla la
legislación vigente, pero no nos parece tan oportuno que en la
dirección del centro, en el consejo escolar, intervenga otras personas
distintas de la comunidad educativa.
- ¿Tienen esperanza de poder reconducir la reforma educativa teniendo en cuenta los socios de Gobierno de Pedro Sánchez?
- Nosotros hemos reivindicado antes y ahora la importancia de un diálogo
y de un pacto educativo y eso es lo que seguimos diciendo, sabiendo que
el corazón y las grandes líneas del pacto educativo están ya en el
artículo 27 de la Constitución Española.
- El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado una
comisión para revisar si los bienes de la Iglesia deben pagar IBI pero
no incluirá al resto de organizaciones que al igual que la Iglesia se
benefician por la Ley de Mecenazgo de esta subvención indirecta, ¿se
siente discriminada la Iglesia?
- Si fuese así, sí. Si el cambio de la Ley de Mecenazgo afectase solo
a los bienes de la Iglesia sería una discriminación evidente porque
estamos hablando de que la Iglesia está reconocida por el propio Estado
español como una organización de carácter no lucrativa y como
organización no lucrativa está exenta del pago del IBI en muchos de sus
inmuebles. Si la Iglesia viera que en otras organizaciones de
carácter no lucrativas siguen exentas del IBI y la Iglesia no, sería una
discriminación.
- También está preparando una lista para revisar
las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia, ¿teme la Iglesia la
pérdida de bienes valiosos como la Catedral-Mezquita de Córdoba?
- La inmatriculación no da el derecho de propiedad. Es una acto
jurídico por el que en el Registro de la Propiedad se inscribe un bien
que no estaba inscrito. La propiedad se demuestra no por la inmatriculación sino con otro tipo de documentos o posesión pacífica a lo largo del tiempo.
Por eso es muy injusto y demagógico decir que una diócesis ha comprado
por 35 euros, que es la tasa que se paga en el Registro por
inmatricular, una catedral.
- La izquierda radical habla de «acabar con los
privilegios» de la Iglesia, pero nadie habla de los derechos de los
ciudadanos a ejercer su libertad religiosa, ¿cree que estamos volviendo
sobre nuestros propios pasos ahora que nos preparamos para celebrar el
40 aniversario de la Constitución?
- Precisamente la Constitución española, como no podría ser de otra
manera a la hora de querer ser una constitución democrática y a la
altura de nuestra sociedad occidental, afirma el derecho a la libertada
religiosa. Gracias a la Constitución los acuerdos Iglesia-Estado han logrado un desarrollo importante en España.
Esos acuerdos establecen unas reglas de juego que permiten la presencia
de la Iglesia en muchos ámbitos y que muchos tienen que ver con el
Estado del Bienestar, como la educación, la sanidad y los servicios
sociales.
- ¿Usted aterriza en la secretaria general en un
momento delicado para la Iglesia por los casos de abusos sexuales,
¿tiene previsto la CEE pedir algún informe al estilo de la Conferencia
Episcopal alemana para conocer el alcance real de los abusos en la
Iglesia española?
- Para la Iglesia cualquier caso es grave por lo que significa la
relación de confianza que los menores pueden tener con los sacerdotes.
Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo, el número de casos
que afecta al clero con respecto a los casos que hay en España, no es
muy grande pero es muy grave. No siendo muy grande es muy grave.
Existen unos protocolos, que ahora están en fase de renovación por una
comisión de la Conferencia Episcopal que nos dicen lo que debemos hacer
ante un caso de abuso en lo que se refiere a la denuncia ante las
autoridades civiles. En lo que se refiere a la prevención hay que
revisar todo el camino de preparación de las personas que van a asumir
una responsabilidad y cercanía con los más pequeños.
- Los expertos en abusos sexuales dicen que las
víctimas no denuncian por miedo a ser estigmatizadas, ¿tiene la CEE
pensado tomar alguna medida para facilitar que las víctimas hablen? Hay
algunas diócesis en EE. UU. que han creado una línea de atención
telefónica gratuita..
- Puede ser. Los pasos a dar, teniendo en cuenta las experiencias de
otras diócesis, podrían salir de la reunión del Papa con los presidentes
de la Conferencia Episcopales del mundo en febrero. Seguramente este encuentro nos dará pistas concretas en este camino.
- ¿No cree que a la Iglesia le ha costado mucho reaccionar?
- Puede ser, pero también puede haber ocurrido que en la Iglesia española no haya habido muchos casos. Puede que hayamos estado mirando a otro sitio... precisamente por eso queremos ahora abordar la situación.
- ¿Por qué la CEE prioriza la creación de una
comisión para revisar los protocolos y no facilita, en cambio, que las
víctimas puedan denunciar sus casos y sean atendidas?
- Hasta aquí cada Iglesia particular ha pensado que tenía su propio cauce. Lo que tenemos que revisar ahora en el conjunto de la Iglesia universal
es si este criterio que ha sido asumido por otras Conferencia
Episcopales puede ser acogido como una pauta general para todas las
Iglesias del mundo...
- España sigue amenazada por el proceso
soberanista catalán. Algunos católicos reprochan a los obispos que han
dejado de defender abiertamente «la unidad de España» como «un bien
moral» —tal como lo hicieron en 2006 en el documento «Orientaciones
morales ante la situación actual de España»—, ¿no cree que ahora es más
necesario que nunca una reflexión clara y contundente de los obispos
frente a los que quieren romper España?
- La mayoría de los obispos han suscrito lo que está en ese documento
al que usted ha hecho referencia. Pero nuestro desafío mayor en este
momento es cómo poder servir a la comunión y al diálogo. Para que haya
un verdadero diálogo tiene que haber una capacidad de escucha y la
intuición y la esperanza de que hay una verdad mayor. Esto tiene que
ver con la verdad histórica y con el cumplimiento de las leyes. Se pone
mucho el acento en lo que ocurrió el 1 de octubre, pero ya habían
ocurrido cosas en septiembre. El propio estatuto de autonomía de
Cataluña y el reglamento del Parlamento no se cumplieron al menos del
todo. Para poder abordar este asunto debemos abrirnos todos a la escucha
de unos y de otros y reconocer la importancia de querer encontrarnos
desde algunas afirmaciones comunes, que permitan el diálogo, la búsqueda
de la verdad y el derecho a organizarnos como pueblo. La Constitución
(de la que ahora celebramos 40 años) es algo valioso, que nosotros
defendemos, pero no sacralizamos. Puede ser modificada, pero hay que
seguir las reglas de juego para su modificación. Para poder ser
modificada, primero ha de ser respetada.
ReligiónenLibertad
